El Tribunal Constitucional anula el impuesto a la plusvalía para las ventas de viviendas con pérdidas

El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de bienes de naturaleza urbana, más conocido como la Plusvalía Municipal, es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimentan los terrenos desde su adquisición hasta su transmisión. La Ley presupone que cada año se da un incremento de valor y fija un porcentaje anual que, multiplicado por el número de años que el inmueble ha sido propiedad del vendedor, da como resultado la cantidad sometida a gravamen. Pero este incremento de valor pre fijado no tiene en cuenta ni el valor de compra ni el valor de venta, sino que lo hace directamente sobre el valor catastral en el momento de la venta. Por lo tanto según este criterio  siempre hay un incremento de valor y por lo tanto siempre hay que pagar, aunque se haya perdido dinero, porque por ejemplo, se ha vendido por debajo del precio de compra.

Ante esta situación se presentó cuestión de inconstitucionalidad por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Donostia, en relación con varios artículos de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa. El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado declarar inconstitucional la vigente regulación del citado Impuesto, al considerar que no es expresiva de la capacidad económica del contribuyente, tal como exige la Constitución.

Si bien es cierto que el pronunciamiento del TC declara la inconstitucionalidad de la norma foral que regula el impuesto sobre la plusvalía en Gipuzkoa,  también lo es el hecho de que esa regulación es una copia de los artículos 104 y 107 de la Ley de Haciendas Locales, por lo que el pronunciamiento obligará a modificar la normativa estatal y no sólo la vasca.

El TC considera que  en los casos en los que el contribuyente puede acreditar que no se ha producido un aumento de valor del inmueble o que incluso se ha depreciado, gravar al titular con el impuesto de plusvalía carece de toda justificación razonable e implica que se sometan a tributación situaciones de hecho que no son expresivas de capacidad económica, lo que implica una vulneración del artículo 31.1 de la Constitución, precepto según el cual “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo”.

Si lo  desea puede leer la Nota informativa del Tribunal Constitucional en el siguiente enlace:  NOTA-INFORMATIVA-TC-10-2017

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